Una ridícula y vergonzante Historia:

Estados Unidos y México durante la Segunda Guerra Mundial

El trato a japoneses, alemanes e italianos*

Joseph A. Stout 1

* Traducción del inglés de Susana Moreno Parada.

1 Oklahoma State University, Stillwater, Oklahoma

Durante la segunda guerra mundial, tanto Estados Unidos como México trataron de restringir las actividades de las personas de ascendencia japonesa, alemana e italiana. Ambos países discriminaron y emprendieron programas de reubicación que provocaron dificultades para esas personas. Ambos ignoraron el hecho de que algunas víctimas eran ciudadanos de Estados Unidos o México y obligaron a las personas relacionadas con el Eje a renunciar a su forma de vida para ser reubicadas en zonas donde pudieran ser observadas. En ambos casos, ciudadanos locales se aprovecharon de lo que perdieron todos estos grupos para aumentar sus propiedades y su r iqueza en general. Tanto en México como en Estados Unidos fueron los japoneses quienes sufrieron más, quizá por cuestiones raciales, aunque se discriminó también a alemanes e italianos. En muchos sentidos, el trato a los japoneses en los Estados Unidos fue más severo que en México. Los historiadores estadunidenses han abordado exhaustivamente la situación de los japoneses en este país durante la segunda guerra mundial, pero han escrito poco respecto a la suerte de alemanes e italianos. Los historiadores mexicanos rara vez han abordado la manera en que México trató a las personas del Eje durante este periodo. En este trabajo se incluye un resumen de la discriminación estadunidense hacia las personas relacionadas con el Eje, así como un análisis detallado de la actitud de México hacia este sector de la población, que nos ofrece una nueva visión del trato mexicano hacia esos individuos.

Dossier



EL TRATO DE ESTADOS UNIDOS A LAS PERSONAS DEL EJE, 1941-1945



Desde su fundación, a finales del siglo XVIII, se supone que Estados Unidos recibía

cordialmente a los inmigrantes que perseguían el “sueño americano” de una vida mejor. A lo largo de la historia del país esto ha sido cierto, si los inmigrantes eran caucásicos y provenían de Europa occidental o del norte. No obstante, siempre ha existido un fuerte prejuicio contra personas procedentes de países no europeos o de Europa oriental. En 1882, el desdén por las diferentes razas provocó que el Congreso prohibiera a los chinos emigrar a Estados Unidos, y en 1908 el presidente Theodore Roosevelt negoció un “acuerdo de caballeros” con Japón para limitar la migración japonesa. A principios de 1921, el Congreso aprobó un proyecto de ley que restringía el número de inmigrantes a 3% de cada grupo nacional, de acuerdo con el censo de 1910. El presidente demócrata Woodrow Wilson se negó a firmar el proyecto de ley, pero los políticos nativistas2 lo reintrodujeron en 1924, y el presidente republicano Warren G. Harding lo convirtió en ley. Un proyecto más restrictivo, la Ley de Orígenes Nacionales, aprobado al mismo tiempo, reducía la migración, hasta 1927, a 2% de la representación de cada país en el censo de 1890. Después de esta fecha, la ley estableció que ingresaran a los Estados Unidos un máximo de 150,000 inmigrantes al año. La ley limitaba severamente a quienes provenían de Europa oriental y Rusia, pero excluía totalmente a los nacidos en China y Japón. Había una laguna jurídica que permitía el ingreso ilimitado de quienes nacieron en el hemisferio occide ntal. Por lo tanto, más de un millón de mexicanos ingresaron a los Estados Unidos entre 1900 y 1930.



La experiencia de los de japoneses en Estados Unidos durante la segunda guerra mundial se relacionaba con un esquema establecido de intolerancia y prejuicios raciales. El ataque japonés a Pearl Harbor, Hawai, a primeras horas de la mañana del 7 de diciembre de 1941 cobró aproximadamente 2,400 vidas, entre civiles y militares.



2 N. de la T. Así se calificaba a quienes practicaban la política de favorecer a los nacionales en los Estados

Unidos y no a los inmigrantes. v175


Los japoneses destruyeron la flota de acorazados y 150 aviones estadounidenses en el océano Pacífico. Fue un golpe que tomó a Estados Unidos por sorpresa. Inmediatamente después del ataque, los periodistas describían vívidamente las horrorosas escenas de guerra en donde los soldados y marinos defendían sus barcos y aviones. Esos propagandistas atacaron verbalmente a los japoneses, a quienes calificaban como despiadados y sin escrúpulos.



Casi al mismo tiempo, los soldados de ese país oriental lanzaron un ataque sobre las Filipinas. Pocos días después invadieron otras zonas ubicadas dentro de la Esfera de Coprosperidad de la Gran Asia Suroriental.



En EU año 1940, un año antes de que esta nación entrara a la guerra, su gobierno había ordenado que todos los extranjeros se registraran siguiendo los lineamientos de la Ley de Registro de Extranjeros, por lo que todo aquel que no siguiera este procedimiento podría ser arrestado y acusado de violar las leyes migratorias. En octubre de 1941, el gobierno exigió a todos los extranjeros residentes con fortunas superiores a los 10,000 dólares, proporcionaran una lista de sus bienes a los funcionarios federales. Para Estados Unidos, el mundo no parecía un lugar amigable y, para proteger su seguridad, había tomado medidas aún antes del ataque a Pearl Harbor.



Pronto, los Estados Unidos se convirtieron en un lugar más hostil para los ciudadanos del Eje que se encontraban en él antes de que comenzara la guerra. Unas cuantas horas después del ataque a Pearl Harbor, los más de 110,000 japoneses y ciudadanos estadunidenses de origen japonés residentes en la costa oeste supieron cómo la guerra les cambiaría la vida.

Había 93,000 personas de ascendencia japonesa en California y aproximadamente 19,000 en el estado de Washington. En Estados Unidos, en total había casi 127,000 japoneses, cincuenta por ciento de los cuales vivía en zonas rurales realizando actividades agrícolas. De inmediato la Oficina Federal de Investigaciones violó los derechos civiles de los japoneses y arrestó a sus líderes sin ser debidamente procesados.

Algunos destacados ciudadanos desaparecieron por años, y sólo fueron puestos en libertad después de la guerra. Las autoridades locales impusieron toque de queda para los japoneses, mientras el gobierno de Estados Unidos reflexionaba sobre su siguiente acción. La propaganda contra los nipones avivó el resentimiento hacia ellos. Las autoridades locales y federales obligaron el cierre de bancos japoneses, confiscaron cuentas bancarias y se apropiaron de cámaras, armas, radios y otros artículos considerados contrabando peligroso.



El gobierno estadunidense aprobó oficialmente esta acción el 19 de febrero de 1942, cuando el presidente Franklin D. Roosevelt firmó la Orden Ejecutiva 9066, que autorizaba la reubicación de todas las personas de origen japonés de las zonas consideradas vulnerables de ataque o sabotaje por parte de Japón. Según esta orden, los japoneses debían ser retenidos por poco tiempo en áreas de detención, en tanto el gobierno construía campos de internamiento permanentes en varios lugares, principalmente en el interior del país. El gobierno estableció esos campos temporales de prisioneros en Utah, Arizona, Colorado, Wyoming, California, Idaho y Arkansas. Las autoridades federales ordenaron que los japoneses vendieran sus propiedades y se presentaran a un centro de control desde donde serían enviados a campos permanentes. Fue así como los

japoneses perdieron su forma de vida, sus propiedades, su dignidad y cualquier esperanza de recuperar lo perdido. Con frecuencia sus vecinos, celosos del éxito de los orientales, estaban impacientes por comprar sus bienes y sus propiedades por una pequeña fracción de su valor en el mercado. A menudo, a los japoneses no les quedaba otra alternativa que tomar lo que la gente les ofrecía. Una vez en los campos permanentes, los internos no podían abandonarlos y no tenían manera de ganarse la vida. Estos sitios eran, en esencia, campos de prisioneros.



Si bien la Orden Ejecutiva 9066 se aplicaba técnicamente tanto a japoneses como a italianos y alemanes, fueron estos últimos quienes menos sufrieron, aunque también se les recluyó y algunos incluso perdieron sus propiedades. El gobierno obligó a muchos a mudarse de las zonas costeras o de otros lugares considerados estratégicos.



Aproximadamente 25,000 alemanes, germano-estadunidenses y germano latinoamericanos fueron encarcelados en diversos momentos en varias docenas de campos de extranjeros enemigos emplazados por todo el territorio de los Estados Unidos. A mediados de la década de 1930, la organización germano-estadunidense pro nazi contaba con unos 10,000 miembros y el grupo había realizado reuniones y mítines apoyando al gobierno de Hitler. Para fines de esta década la Oficina Federal de Investigaciones, encabezada por J. Edgar Hoover, había recopilado listas de los alemanes e italianos considerados potencialmente peligrosos. Esta lista tenía 4,060 nombres, lo que proporcionaba un punto de partida para reunir y registrar a esos individuos. A fines de la segunda guerra mundial , el gobierno de Estados Unidos había arrestado y detenido en diversos campamentos a 10,905 de los 314,105 alemanes de la lista y 3,278 de los cerca de 600,000 italianos que vivían en Estados Unidos y a quienes el gobierno consideraba peligrosos. Entre los internos se encontraban algunos ciudadanos estadunidenses, ya sea por nacimiento o naturalización, pero la mayoría eran extranjeros residentes. El gobierno de Estados Unidos detuvo a muchas de esas personas durante la guerra y algunas no fueron liberadas sino hasta 1947.3



Las dolosas acciones de Estados Unidos hacia la población japonesa se basaron en la parcialidad de consideraciones raciales y no en derechos de ciudadanía. El gobierno de este país lo admitió finalmente cuando el 23 de junio de 1983, en Personal Justice Denied, el informe de la Comisión sobre Reubicación e Internamiento de Civiles en Época de Guerra, concluyó que la decisión de internar a los japoneses se basaba en prejuicios raciales, histeria de guerra y un fracaso en el liderazgo p olítico de Estados Unidos. El 2 de noviembre de 1989, el presidente George H. W. Bush firmó la Ley Pública 101-162, que estipulaba la reparación de los daños a los japoneses sobrevivientes al internamiento

durante la segunda guerra mundial a partir de octubre de 1990.4





3 Las fuentes sobre el internamiento de alemanes e italianos son pocas. Véanse, por ejemplo, Kenneth

P. O’Brien, Lynn H. Parsons (eds.), The Home Front War: World War II and American Society, Westport, Conn.,

Greenwood Press, 1995; Arnold Krammer, Undue Process: The Untold Story of America’s German Alien Internees,

New York, Rowman and Littlefield Publishers, Inc., 1997; Ben Morreale, Robert Carola, Italian Americans:

The Immigrant Experience, New York, Hugh Lauter Levin Associates, Inc., 2000.

4 Existen muchas fuentes para estudiar el internamiento de japoneses. Véase, por ejemplo, Lawson

Fusao (ed.), Only What We Could Carry: The Japanese American Internment Experience, Berkeley, Heyday Books,

2000. Véase también Roger Daniels, (ed.), Concentration Camps, North America: Japanese in the United States

and Canada During World War II, Malabar, Fla., Robert E. Krieger Publishing Co., 1981, y Daniels, American

Concentration Camps: A Documentary History of the Relocation and Incarceration of Japanese Americans, 1942-

1945, 9 vols., New York, Garland Publishing, 1989. Ad emás de muchas otras fuentes secundarias, existen

numerosos documentos gubernamentales que abordan con mayor detalle la experiencia japonesa que la alemana

o italiana.





MÉXICO Y SU TRATO A LAS PERSONAS DEL EJE, 1942-1945





La reacción que tuvo México ante los ciudadanos de las potencias del Eje fue un tanto distinta a la de Estados Unidos, pero también reubicó y acosó a la población japonesa, alemana e italiana en el país. Para México, la segunda guerra mundial comenzó justo antes de la medianoche del 13 de mayo de 1942, cuando el buque petrolero mexicano Potrero del llano navegaba por aguas del Golfo de México cerca de la costa de Florida. Un submarino alemán lo hundió junto con 37,358 barriles de crud o que transportaba y cobró las vidas de catorce marineros mercantes mexicanos. México protestó enérgicamente ante el gobierno alemán por este ataque. Los alemanes respondieron el 21 de mayo hundiendo a otro buque petrolero mexicano, el Faja de oro, en donde murieron otros siete marineros mexicanos. Como consecuencia de estos actos, algunos

mexicanos exigieron que se declarara la guerra contra Alemania, mientras que otros se opusieron. Furiosos estudiantes de la ciudad de México atacaron el club alemán, rompiendo ventanas y ocasionando otros daños.

El gobierno del presidente Miguel Ávila Camacho no perdió mucho tiempo, pues el 22 de

mayo de 1942 México le declaró la guerra a todas las naciones del Eje.5 Inclusoantes del hundimiento del primer petrolero, algunos mexicanos ya habían exigido el confinamiento de los alemanes, italianos y japoneses en México. Las autoridades mexicanas estuvieron de acuerdo y, una vez que comenzó la guerra, querían que los potenciales enemigos del país estuvieran concentrados en un lugar donde el gobierno pudiera vigilar sus actividades cotidianas.6



El presidente Lázaro Cárdenas nacionalizó la industria petrolera mexicana el 18 de marzo de 1938, por lo que México había enfrentado un problema diplomático y económico con las compañías petroleras y el gobierno de Estados Unidos. Antes de que México tomara parte en la guerra, las potencias del Eje



5 México, D. F., Excelsior, 15 de mayo de 1942. Véase también Stephen R. Niblo, War, Diplomacy, and

Development: The United States and Mexico, 1938-1954, Wilmington, Delaware, Scholarly Resources Books,

1995, pp. 77-78; Blanca Torres Ramírez, México en la segunda guerra mundial, periodo, 1940-1942, México,

D.F., El Colegio de México, 1979.

6 México, D.F., Excelsior, 17 de mayo de 1942.

Tenían una alianza comercial más estrecha con este país, mientras las compañías

petroleras estadunidenses buscaban dañarlo dejándole de comprar petróleo.



Los países del Eje compraban más crudo mexicano, lo que mantenía el flujo petrolero fuera del país.



Entre enero de 1938 y noviembre de 1941, Franklin D. Roosevelt, promoviendo su “política del buen vecino”, había obligado a las compañías petroleras a negociar de buena fe con México, respecto de sus inversiones en la industria petrolera mexicana. El esfuerzo de Roosevelt llevó a un acuerdo poco antes del ataque japonés a Pearl Harbor. Por lo tanto, las condiciones entre Estados Unidos y México antes de que comenzara la guerra

hicieron posible la cooperación entre ambos países.



Los presidentes mexicanos Lázaro Cárdenas (1934-1940) y Manuel Ávila Camacho (1940-1946), reconocieron que una vez que la Alemania nazi comenzó a rearmarse, México enfrentó otras amenazas a su seguridad nacional que las provocadas por los problemas con Estados Unidos. Las actividades de la Quinta Columna y el espionaje del Eje eran una amenaza para seguridad nacional mexicana.



(Vil calumnia inventada por los izquierdistas de hecho fueron ordenes de la embajada norteamericana según lo relata Salvador Abascal Infante en sus Memorias. Nota de UR)



En México vivían varios miles de alemanes, ya fuera por nacimiento o naturalización. Éstos fueron los mayores y más visibles activistas del Eje después de que Hitler asumiera el poder en 1933. Durante varios años ese gobierno buscó revivir el nacionalismo entre los alemanes residentes en América Latina, México incluido. Los nazis animaban a los alemanes a enviar a sus hijos a escuelas alemanas donde sólo pudieran asistir arios puros, y les sugerían afiliarse a asociaciones y clubes alemanes en la ciudad de México. Partidarios nazis fundaron una organización de la Juventud de Hitler en el Distrito Federal,

y distribuyeron propaganda por todo el país con el fin de convencer a los mexicanos de permanecer neutrales en el caso de una guerra entre Estados Unidos y Alemania.



Además, funcionarios alemanes habían recomendado a sus conacionales que vivían en México, que se volvieran ciudadanos mexicanos para proteger sus bienes y libertades civiles, al mismo tiempo, les aconsejaban que, como Alemania aceptaba la doble nacionalidad, siguieran siendo ciudadanos alemanes, rindiéndole tributo en primer lugar al Tercer Reich. A mediados y finales de la década de 1930, las actividades de espionaje alemanas, posiblemente encabezadas por el ministro alemán en México, el barón Rudt von Collenberg, fueron amplias y bien orquestadas. Algunos mexicanos especularon que él podría ser el jefe de la Gestapo en México.7

(Eso de que Mexicanos especularon, es un de las innumerables invenciones elaboradas por el izquierdista Vicente Lombardo Toledano, Jefe Sindicalista a sueldo del régimen Nota de UR)



La presencia japonesa en México antes de la guerra también era evidente.

La mayor concentración se encontraba en la costa oeste y en la península de Baja California, donde se dedicaban a la agricultura y la pesca. También vivían en Chiapas trabajando en los cafetales. Unos cuantos vivían en pequeñas comunidades de varios estados, eran médicos, farmaceutas y horticultores. Una vez iniciada la guerra, algunos mexicanos acusaron a parte de estas personas de ser agentes de la inteligencia japonesa o de que los pescadores eran realidad autoridades navales japonesas que cartografiaban la costa y realizaban sondeos para determinar la profundidad del agua.8



Individuos de origen italiano también vivían en muchas zonas de México.

Originalmente se asentaron cerca del puerto de Veracruz; luego lo hicieron en los estados de Puebla, Michoacán y, por último, en la frontera norte. En un principio trabajaron como empleados en minas y en labores agrícolas, pero como todos los grupos del Eje, pronto buscaron empleo en todas las entidades del país y en todos los ramos de la vida económica.9



Entre los grupos citados había individuos que tenían cuarenta o cincuenta años viviendo en México. Algunos se habían casado con ciudadanos de este país y, para la década de 1930, se habían naturalizado mexicanos. Otros optaron por no seguir el proceso de naturalización o, en algunos casos, los funcionarios locales de migración habían obstaculizado el trámite. Por ello, muchos individuos vinculados de alguna forma con el Eje, seguían siendo ciudadanos de su país de nacimiento.

7 Para información acerca del espionaje y otras actividades, véase Leslie B. Rout, Jr. y John F. Bratzel,

The Shadow War: German Espionage and United States Counter-Espionage in Latin America During World War II,

Frederick, MD, University Publications of America, 1986. Véase también María Emilia Paz, Strategy, Security,

and Spies: Mexico and the U. S. as Allies in World War II, University Park, The Pennsylvania State University

Press, 1977.

8 Para información sobre los japoneses en México, véase María Ota Mishima, Siete migraciones japonesas

en México, 1890-1978, México, D.F., El Colegio de México, 1982. Véase también Ota Mishima, Destino México,

un estudio de las migraciones asiáticas a México, siglos XIX y XX, México, D.F., El Colegio de México, 1997.

9 Para información general sobre las migraciones, véase Moisés González Navarro, Los extranjeros en México

y los mexicanos en el extranjero, 1821-1970, 3 tomos, México, D.F., El Colegio de México, 1994.



Era más común que alemanes e italianos se convirtieran en ciudadanos mexicanos que los japoneses. Sin embargo, la ciudadanía no los protegió de las restricciones que impuso el gobierno mexicano durante la guerra.



El 7 de diciembre de 1941, aunque no estaba en guerra con las naciones del Eje, México ya había suspendido relaciones diplomáticas con las tres, y había tomado varias decisiones para limitar los derechos civiles de las personas del Eje en el país.10 A fines de la década de 1940, al asumir la presidencia, Manuel Ávila Camacho sugirió a su secretario de Gobernación, Miguel Alemán, que México necesitaba identificar y vigilar las actividades de todos los individuos relacionados con el Eje dentro del país, fueran o no ciudadanos mexicanos.



Alemán respondió a la sugerencia de Ávila Camacho nombrando a José Lelo de Larrea----(en el nombre llevó la fama)---- Domínguez para que encabezara un departamento de investigaciones especiales dentro de Gobernación, el cual investigaría la naturaleza del

problema. De este modo, Lelo de Larrea se convirtió en director del Departamento de Investigaciones Políticas y Sociales (IPS), una oficina especial que había comenzado a evolucionar desde el periodo carrancista y se había convertido en una extensión del poder presidencial. La organización había buscado preservar el dominio político de los líderes de la revolución observando todo movimiento e individuo en el país que pudiera amenazar el poder y la prominencia del partido revolucionario. Para fines de la década de 1930, esta oficina funcionaba eficientemente y era muy influyente, aunque pocos mexicanos conocían de sus operaciones básicamente clandestinas. (Una especie de GPU autóctona)



Cuando México rompió relaciones diplomáticas con los países del Eje, inmediatamente cerró embajadas y consulados de éstos en territorio mexicano expulsando a sus empleados diplomáticos; retiró las representaciones diplomáticas mexicanas de los países del Eje, y se preparó para tomar acciones más firmes contra las personas de aquellas naciones. En diciembre de 1941, una vez que Estados Unidos y los países que conformaban el Eje estaban en guerra, México intensificó la vigilancia de antiguos funcionarios alemanes, italianos y japoneses en el país, extranjeros residentes de estas



10 Pierre de L. Boal, Encargado de Negocios Interino de Estados Unidos ante el Secretario de Estado

31 de mayo de 1940, México, D.F., “Confidential United States. State Department Central Files: Mexico

Internal Affairs”, 1940-1944, RG-59, rollo 18, parte 1, 812.00 N/H. Boal no era un observador imparcial, pero

sus comentarios son interesantes.



nacionalidades, residentes permanentes e incluso, ciudadanos mexicanos descendientes de estos países.

De inmediato México limitó las solicitudes de residencia y ciudadanía; asumió el poder para examinar las cajas de seguridad, las cuentas bancarias de los extranjeros y los lugares dónde podían ocultar dinero o documentos. Las autoridades mexicanas también declararon que, de acuerdo con el artículo 27 de la constitución, el país tenía derecho de tomar medidas adicionales para proteger la seguridad de México.



Algunos mexicanos reportaron actividades sospechosas de personas relacionadas con países del Eje, sugirieron además que estas personas representaban una amenaza para la seguridad de la industria petrolera, insistiendo en que las propiedades japonesas y alemanas debían ser confiscadas, y que el gobierno debía exigirle a todas las personas del Eje que trabajaran en la industria petrolera del país que portaran identificaciones. Además, debía exigírseles que se reportaran diariamente ante las autoridades de migración y obtuvieran permisos para viajar por el país. Otros mexicanos planteaban medidas más drásticas para restringir a los japoneses. Un individuo sugirió que los nipones de Jalisco tramaban algo sospechoso. Creía que uno de ellos, que afirmaba ser tan sólo un pobre cultivador de flores, en realidad era culto y educado, y probablemente tenía una misión secreta en México; expresó su temor de que los japoneses invadieran la costa oeste de México, por lo que recomendaba que aquellos instalados en esa zona (sin importar si eran ciudadanos o no) fueran reubicados al interior del país donde el gobierno pudiera vigilarlos constantemente. Más importante aún para este mexicano era el hecho de que esas personas fueran japonesas y sugirió que fueran colocados en un campo de concentración.11



Creía esto, en parte, porque Japón era el agresor en la guerra, pero también, tal vez,

por cuestiones de identidad étnica.



En enero de 1942, el gobierno mexicano actuó más convincentemente contra los japoneses, y reubicó a muchos de ellos en la ciudad de México o Guadalajara, donde los vigiló muy de cerca; los que vivían en Baja California, a lo largo de la costa oeste, y los que residían cerca de la frontera con Estados Unidos, fueron los más afectados. El gobierno japonés, que todavía no estaba en guerra con México, protestó por este trato a sus ciudadanos, pero las autoridades mexicanas le advirtieron que, en algunos casos, eran los mismos japoneses quienes habían buscado los problemas. Por ejemplo, se citaba el caso de Ernesto Naito (Saito), residente de Villa Acuña, Coahuila, que había sido enviado a la ciudad de México para alejarlo de la frontera estadunidense. Luego re gresó ilegalmente a Villa Acuña, donde las autoridades mexicanas lo encarcelaron.12



11 Este tipo de reportes puede encontrarse en muchos lugares. Véase, por ejemplo, Alfredo Arriola Molina

a Manuel Ávila Camacho, Veracruz, Ver., 9 de diciembre de 1941, 550/9 núm., 64275, Ramo Presidencial,

Manuel Ávila Camacho (RMAC), Archivo General de la Nación (AGN), México, D.F.



Muchos mexicanos (¿????) pidieron al gobierno que concentrara también a alemanes e italianos. Un trabajador petrolero de Veracruz dijo que los alemanes que trabajaban ahí eran tan peligrosos como los japoneses. Otro mexicano advirtió al gobierno que Carlos J. Siegler, descendiente de alemanes casado con una mexicana, realizaba actividades sospechosas (había hablado en alemán con un compañero de trabajo) y era un ejemplo obvio de la amenaza de sabotaje que existía sobre la refinería. Junto con los japoneses, debía ser internado en la ciudad de México. Finalmente, el gobierno también recibió información de un mexicano en San Luis Potosí en donde advertía a las autoridades sobre un italiano que portaba un radio de onda corta y una ametralladora al pasar cerca de aquella entidad. Probablemente cuestiones étnicas influyeron en la actitud de los mexicanos ante algunos individuos del Eje, pero también había razones económicas y personales. Desde Chiapas, donde los negocios de esos individuos habían sido particularmente exitosos, llegaban demandas de mexicanos para recluir a esas personas en campos de concentración.



Algunas acciones de México en contra de individuos del Eje, se debieron a la constante presión por parte de los Estados Unidos. Las autoridades al norte del río Bravo ya habían ubicado a los japoneses-americanos en campos de internamiento; constantemente suministraban información a México donde afirmaban que los japoneses y otros residentes del Eje constituían un riesgo para la seguridad de ambos países. Por ejemplo, en una ocasión autoridades de Estados Unidos advirtieron a México que un médico japonés de Ciudad Juárez,



12 José Ibarra Silva a Manuel Ávila Camacho, Minatitlán, Ver., 14 de diciembre de 1941, 550/9, núm.

65629, RMAC.





Tsunesaburo Hasegawa, había dicho públicamente que si estallaba la guerra entre Estados Unidos y Japón él organizaría a los japoneses del norte de México para apoyar a su país.13



Una vez que el gobierno trasladaba a las personas del Eje que supuestamente representaban un peligro, los reubicados tenían que registrarse ante las autoridades de Gobernación y solicitar permiso para cambiar de residencia o realizar cualquier trabajo.



En la práctica, el gobierno no permitió que los desplazados trabajaran y agentes del IPS vigilaban sus actividades casi todos los días. El gobierno actuó pocos días después de avisar a los japoneses de la costa oeste que debían reubicarse en el interior. En un principio, el gobierno mexicano comenzó la reubicación de aproximadamente 2,000 japoneses que vivían en Baja California reuniendo a aquellos que vivían cerca de Mexicali. La red de reubicación se extendió rápidamente. La mayoría de japo neses cooperó por completo. Para el 15 de enero de 1942, cerca de 370 adultos y 328 niños se habían registrado ante las autoridades locales como preparativo para su reubicación.



(De estos datos salio la fantasía de decir que Salvador Abascal Infante, entonces amo absoluto del Sinarquismo, quería fundar una base aérea para que los japoneses la usaran en su guerra contra EU, tontería que hoy repite el Laborista Lyndon Larouche. Curiosamente este rumor fue difundido ampliamente por la masonería local Nota de UR)



El gobierno le dijo a todos los japoneses que seguirían siendo dueños de sus propiedades, pero que durante la guerra debían ceder la administración a ciudadanos mexicanos. Algunos japoneses que ya habían abandonado la región y se habían reportado ante Gobernación en la ciudad de México, remataron sus propiedades por temor a perderlas sin recibir nada a cambio. Otros tantos trataron de proteger sus propiedades y a sí mismos contratando abogados mexicanos para solicitar al gobierno que los dejara permanecer donde residían. Por medio de estos abogados, los japoneses declararon que habían tratado de adquirir la ciudadanía mexicana sin lograrlo (debido principalmente a cuestiones burocráticas), no obstante que muchos de ellos contaban con una residencia en el país de entre 15 y 30 años. Los japoneses insistieron en que eran leales sólo a México. Las autoridades del gobierno mexicano fueron indiferentes ante

esos argumentos.14



13 México, D.F., El Nacional, 2 de enero de 1942.

14 México, D.F., El Nacional, 6 de enero de 1942; Excelsior, 27 de mayo de 1942. Véase también Secretario

de Relaciones Exteriores (SRE) a Secretario de Gobernación (SEGOB), México, D.F., 8 de enero de 1942,

111-2436-10, núm. 57465, Archivo Histórico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, México, D. F. En lo

sucesivo, AHSRE.



Durante el programa de reubicación, algunos japoneses sufrieron un trato humillante de manos de funcionarios locales mexicanos. En Chihuahua, Tomás

Valles, tesorero general del estado, arrestó a 57 japoneses que vivían en Ciudad Juárez o sus alrededores. En lugar de enviarlos a la ciudad de México de acuerdo con las instrucciones de Gobernación, los mandó a trabajar a su rancho cerca de Villa Aldama. Obligó a los japoneses a trabajar en una cantera y en otras tareas; a vivir en condiciones terribles, en tiendas de campaña a la intemperie donde sufrieron por el calor y el frío, y casi no les pagó nada. A la larga, un comité de ayuda mutua japonesa se enteró de este abuso, protestó ante Gobernación y funcionarios del gobierno federal ordenaron a sus similares estatales que enviaran a esos desafortunados a la ciudad de México.15



Los japoneses que ya vivían en el interior del país también sufrieron mucho antes de la reubicación y como consecuencia del programa de concentración.



En un caso, antes de que la reubicación llegara a su estado, los japoneses residentes en Tapachula, Chiapas, se quejaron con el presidente Ávila Camacho porque el capitán Salvador Yánez, funcionario del destacamento local del ejército, se había acercado a un japonés llamado Quiyono y le había agitado una pistola en la cara. El capitán la pidió al hombre 500 pesos, se llevó su reloj y le dijo que si se negaba a darle el dinero lo arrestaría por ser espía.



Un juez local se negó a escuchar el caso cuando el japonés se quejó oficialmente, sugiriendo que no había pruebas suficientes de que hubiera sucedido tal cosa, a pesar del testimonio de cuatro personas. Los japoneses de la comunidad no firmaron individualmente una carta de protesta enviada al juez, por temor a represalias.


16 En otro caso, Enrique F. Kohashi, un ciudadano mexicano naturalizado, se negó a trasladarse a la ciudad de México. Se enfrentó a funcionarios estatales en Coatzacoalcos, Veracruz, y de inmediato fue arrestado. El general Antonio Gómez Velasco lo interrogó, pero Kohashi se negó a responder, después lo arrestó junto con su hijo.

15 Comité de ayuda mutua japonesa a Secretaría de Gobernación, México, D.F., 2 de junio de 1942, Gobernación,

Departamento de Investigaciones Políticas y Sociales, vol. 363, 2-1/363.4 (52)/600, AGN.

16 Residentes japoneses en Tapachula, Chiapas, a Manuel Ávila Camacho, Tapachula, 31 de marzo de

1942, Archivo Presidencial de Manuel Ávila Camacho, 111-615-11, AGN.


El general informó a Gobernación que este japonés era peligroso para México, que tenía un radio de onda corta para comunicaciones y que recientemente había vendido una plantación de café en 150,000 pesos y el dinero había desaparecido de la región. Gómez Velasco añadió que Kohashi también tenía negocios en Ixtepec, Oaxaca, así como una casa con hermosos jardines, una gran biblioteca y muebles cómodos. Tenía cuatro hijos, cuatro hijas y una enorme fortuna. Por supuesto, el general quería concentrarlo en la ciudad de México de inmediato. Le dijo a Gobernación: “[el] viernes enviaré a este japonés junto con su hijo Keichi, nacido en México, que trabajaba en Minatitlán, Veracruz, en el distrito petrolero. Es especialista en radio y tiene tres tipos diferentes de radios en la casa de su padre en Ixtepec”.17



El general concluía diciendo que esos hombres eran un riesgo para la seguridad de México por ser fanáticos de Japón y por su inmensa fortuna. Los hombres permanecieron concentrados en el Distrito Federal durante la guerra. Muchas personas que provenían de los países Eje y no eran japonesas habían vivido en México durante un tiempo considerable. Un italiano asentado en esta nación por 34 años, estaba casado con una mexicana y tenían cinco hijos. La familia vivía en Veracruz, donde el hombre había trabajado por muchos años. El gobierno lo obligó a trasladarse a Córdoba, es decir, hacia el interior del país. Sin saber a quien más acudir, le escribió al presidente Ávila Camacho diciendo que tenía graves problemas cardiacos y que el cambio de clima podría afect ar su salud. Quería regresar con su familia en Veracruz. Si bien permaneció en Córdoba durante un tiempo, inexplicablemente pronto le dieron permiso de regresar a Veracruz, donde permaneció durante la guerra.

En otro caso, Antonia Dolores Manrique de Lorelli se quejó ante el gobierno mexicano de que estaba en aprietos porque su esposo era descendiente de italianos. Dijo que la familia había depositado dinero en el banco a nombre de los hijos y los primos de estos, todos ciudadanos mexicanos, pero que si bien el dinero estaba a nombre de los niños, su esposo era la única persona que podía retirar el dinero. Sin embargo, debido a la política del gobierno mexicano de congelar los bienes de todas las personas que parecían estar


17 Antonio de P. Araujo, El Inspector, a Jefe del Departamento de IPS, Coatzalcoalcos, Veracruz, 23 de

julio de 1942, Vol. 367, 2-1/362(52)/886, IPS, AGN.



Relacionadas con el Eje, esos fondos se encontraban inhabilitados. Las autoridades mexicanas respondieron que como el padre no era ciudadano mexicano, tampoco lo eran

sus hijos. La ciudadanía no podía transferirse por medio de la madre, sólo por el padre. Por lo tanto, de acuerdo con el gobierno mexicano todos salvo la madre eran extranjeros. Los funcionarios de Gobernación la avisaron a la señora Manrique de Lorelli que se necesitaba investigar más, antes de poder liberar los fondos. Lo que sucedió en este caso no es parte del archivo. Mientras tanto, la familia permaneció reubicada en la ciudad de México y al esposo no se le permitió trabajar.18



Los alemanes que llevaban años viviendo en México tampoco escaparon de la concentración y el escrutinio. Guillermo Schuppenhausen nació en Alemania y en 1911 viajó a España para aprender español. En marzo de 1912, regresó por poco tiempo a Alemania y fue llamado al servicio militar, pero no aprobó el examen físico del ejército. Casi de inmediato se fue a México, a donde llegó a fines de 1912. Consiguió un trabajo en una compañía que representaba a la empresa industrial alemana House of Krupp. Luego trabajó en otras compañías alemanas en México, principalmente como contador. En 1917, se inscribió en el Casino Alemán y pagó puntualmente sus cuotas hasta que la organización cerró a principios de la guerra. También fue organizador de la Sociedad Benéfica Alema na. Se casó en 1926 con una mexicana, Marta Alemán; con lo que estableció lazos familiares locales. Regresó a Alemania por primera vez en 1923, y llevó a su esposa en 1929, 1935 y 1938. Durante su último viaje se percató de que Alemania se estaba preparando para la guerra y rápidamente regresó a México a solicitar la ciudadanía. Se nacionalizó el 9 de julio de 1940. Su ciudadanía mexicana no lo protegió.

En agosto de 1942, el gobierno mexicano rescindió las cartas de naturalización de toda persona del Eje (o de un país ocupado por éste, que se hubiera naturalizado después de enero de 1938. Agentes mexicanos se infiltraron en algunas compañías del Eje en México, incluida aquella en la que trabajaba Schuppenhausen, y comenzaron a recopilar un expediente sobre él y otros alemanes. Los agentes



18 Antonia Dolores Manrique de Lorelli a SRE, México, D.F., 3 de julio de 1942, 111-914-7, núm. 30,

AHSRE.

supieron que estos alemanes hablaban en su idioma entre ellos y español en presencia de mexicanos. Cuando México entró a la guerra contra las potencias del Eje, el gobierno impidió con frecuencia que individuos como Schuppenhausen siguieran trabajando.


En 1943, la Junta de Administración y Vigilancia de la Propiedad Extranjera le ordenó a la compañía para la que él trabajaba que rescindiera su contrato. Durante el resto de lguerra, dependió de la familia de su esposa para sobrevivir. Al final de la guerra, comenzó el proceso para regresar al trabajo, pero lo hizo hasta 1946. No es seguro que tuviera vínculos con los nazis, pero no pudo probarlo.


Otro caso fue el de Concepción García de Hoth quien solicitó al gobierno la liberación de su esposo en Perote.(lugar donde estaba el campo de concentración) Según su versión, las autoridades mexicanas habían encarcelado a su esposo sólo porque contrató a un trabajador alemán.


La señora García de Hoth insistía en que el hombre contratado era de apellido Kunze y era ciudadano estadunidense. Las autoridades mexicanas afirmaban que Hoth había sido enviado a Perote porque era un riesgo para la seguridad. Además, los agentes del gobierno insistían en que el hombre que su esposo había contratado no se apellidaba Kunze, sino que su nombre era Gerhard Wilhem Keenze, y que había ayudado a espías alemanes en México.


En realidad, Keenze era ciudadano estadunidense por lo que México lo deportó a Estados Unidos. El esposo permaneció en Perote.19 Finalmente, con respecto a las personas del Eje en México, cabe peguntarse si hubo alguna corrupción aparente en el funcionamiento del sistema. Hubo mucha discrepancia acerca de las personas elegidas para ser reubicadas. El proceso requería que los gobernadores o funcionarios locales de una ciudad o estado dieran a conocer los nombres de las personas descendientes d el Eje. Luego, los funcionarios locales hacían una recomendación en la que decían si esa persona era un riesgo para la seguridad y, por tanto, debía ser concentrada. Oficialmente,

todas las personas del Eje debían reportarse para su concentración. El caso de Toshio Shimizu demuestra cómo esto podía evitarse. Shimizu, médico de profesión.


19 Concepción García de Hoth a Manuel Ávila Camacho, México, D.F., 8 de julio de 1942, 550/9-18,

RMAC, AGN.


Habìa llegado a México en 1912 y tenía treinta años de residir en Mazatlán. Se naturalizó en 1927 y había ejercido su profesión con éxito.



El general Plutarco Elías Calles firmó su carta de naturalización. Shimizu juró que México era su “nuevo y amado país” y le dijo a todos que estaba “honrado y orgulloso de ser mexicano”. Luego, el 18 de marzo de 1942, Márquez Ricaño, un representante de Gobernación, y Felipe Gómez Llanos, comandante de la policía estatal en Mazatlán, le advirtieron que tenía diez días para reportarse a concentración en la ciudad de México. El gobernador del estado también le dijo que debía irse a más tardar el 15 de abril. Shimizu creyó que esta orden era irracional, injustificada y que le causaría graves daños a su familia.20



Pero había personas en Mazatlán que deseaban su reubicación. Gobernación insistió en que él debía cumplir. Shimizu fue trasladado a la capital a mediados de junio. El episodio no terminó allí. Shimizu solicitó a Gobernación que le permitiera regresar a Mazatlán, con

lo cual el IPS envió un investigador a indagarlo. Pronto se descubrió que muchas personas de Mazatlán querían que lo reubicaran porque estaban celosos de su éxito; otros no lo querían en Mazatlán por razones morales. El agente supo que Shimizu era un ginecólogo que se había enriquecido practicando abortos. Algunas personas de la localidad, incluidos los sacerdotes, sugirieron que “sus dedos habían ayudado a la desaparición de una generación de mexicanos”.



21 Además, decían que se trataba de un plan concertado por Japón para reducir el número de mexicanos, mientras que en ese país la política a favor de los nacimientos producía más japoneses. Por ello, según algunos mexicanos en Mazatlán, la lógica dictaba que era un plan a largo plazo para que más japoneses migraran a México y, a la larga, Japón se posesionara de este país. Shimizu había acumulado una enorme fortuna, compró algunas tierras en las que construyó un rancho. Había comprado parte de sus tierras poco tiempo después de su llegada a México, por lo que se encontraban entonces en las afueras de Mazatlán, pero con el t iempo quedaron dentro del pueblo cuando éste creció.

20 Lic. Rogerio de la Selva a Subsecretario de Gobernación, México, D.F., 16 de abril de 1942, vol. 363,

2-1/362.4(52)/591, IPS, AGN.

21 Lic. Rafael Murillo Vidal a Jefe del Departamento de IPS, México, D.F., 26 de junio de 1942, vol.

364, 2-1/362.4(52)/764, IPS, AGN.


Prudentemente, donó parte de la tierra para que se construyera un parque en la ciudad. Una vez concentrado en la ciudad de México, Shimizu se comunicó con los funcionarios de Gobernación, pidiendo permiso para regresar temporalmente a su casa a administrar sus negocios, en particular para pagar a los trabajadores de sus ranchos. Un mes después de llegar al Distrito Federal, recibió el permiso para regresar a su casa por unos días. Una vez en Mazatlán, escribió a algunos amigos en el Distrito Federal con le fin de pedirles que le permitieran quedarse en donde vivía. El gobierno le ordenó regresar a la ciudad de México, donde permaneció por corto tiempo. Un mes después solicitó permiso para regresar a Mazatlán, lo cual se le autorizó nuevamente. Esto continu ó hasta que el gobernador de Sinaloa, un colega cercano de Shimizu, le dijo a Gobernación que no enviaría a este japonés de regreso a la capital. Esta negociación continuó, así como los viajes de Shimizu entre la ciudad de México y Mazatlán, hasta marzo de 1943, cuando el secretario de Gobernación, Miguel Alemán, personalmente le otorgó permiso a Shimizu de permanecer en Mazatlán.22 De algún modo durante el proceso Shimizu negoció su liberación con las autoridades estatales y federales.



Edgar Hilgert, un alemán que trabajaba en el Banco Germánico de la América del Sur, también recibió un trato preferencial. Algunos mexicanos lo acusaron de ser agente de la Gestapo. Samuel Reyes Retana, quien no se identificó como agente del gobierno, habló con Hilgert, sugirió entonces que debía ser enviado a Perote o lo fusilarían, pero que eso no ocurriría si Hilgert cooperaba. En el proceso, Reyes Retana mencionó algo sobre un millón de pesos. Desde luego no quedó claro a quién representaba Reyes Retana, no obstante el resultado de todas las negociaciones fue que Hilgert permaneció libre de hacer su antojo en la ciudad de México durante la guerra, como fue el caso de muchos alemanes importantes. El 8 de agosto de 1946, invocando el artículo 33 de la constitución mexicana, el gobierno expulsó a Hilgert de vuelta a Alemania.23


22 Adolfo Ruiz Cortines, El Oficial Mayor de Gobernación, a La Junta de Administración de la Propiedad

Extranjera, México, D.F., 10 de marzo de 1943, IPS, AGN.

23 Memorandum: Caso Hilgert, n.d., vol. 752, 2-1/A.G.D./937, IPS, AGN.


Estos breves ejemplos de cómo Estados Unidos y México se encargaron de las personas relacionadas con el Eje durante la segunda guerra mundial muestran un patrón del trato que recibían estos sujetos y que resultaba económica, social y moralmente extenuante para ellos. Después de la guerra, la mayoría de japoneses internados en Estados Unidos regresaron a sus hogares en California y a lo largo de la costa oeste. No se les prestó mucha atención, sino hasta el inicio de las reparaciones en 1990. En México, la mayoría de los japoneses de Baja California y otros estados no regresaron a la costa oeste de México o a sus antiguos hogares, sino que se quedaron en la ciudad de México, Guadalajara y otros lugares donde habían sido reubicados. Alemanes e italianos tamb ién se quedaron en las ciudades grandes. Al finalizar la guerra, casi todos esos individuos reanudaron sus negocios o actividades agrícolas en cuanto pudieron hacerlo. La mayoría de alemanes e italianos en México no sufrieron tanto por consecuencia de la guerra como los japoneses, lo mismo ocurrió en Estados Unidos, aunque obviamente hubo casos aislados de abuso oficial (y no oficial) de individuos relacionados con las naciones del Eje.