LA MASACRE DEL SEGURO OBRERO EN CHILE.

El 5 de abril de 1932 siete personas fundaron en Chile el Movimiento Nacional Socialista (MNS). Mientras diversos historiadores afirman que “sobre la mentalidad de este grupo gravitaba poderosamente la acción desarrollada por Hitler” (Ricardo Donoso, Alessandri, agitador y demoledor, T. II, Fondo de Cultura Económica, México, 1954), quienes fueron sus dirigentes (entre ellos Gustavo Vargas Molinare, Oscar Jiménez Pinochet, Carlos Keller y Enrique Zorrilla) lo presentan como una organización que aspiraba a implantar la justicia social y un Estado portaliano, sin relación alguna con los nacionalismos racistas de Europa.

El MNS, dirigido por el abogado Jorge González von Marées, creció rápidamente. A los cuatro meses de su fundación Carlos Dávila Espinoza les pidió formar parte de su gobierno, a lo que se negaron. Pronto van a comenzar los choques callejeros con los comunistas y especialmente con los socialistas, con quienes competían en la venta de sus periódicos: el semanario Consigna, de los socialistas, y el diario Trabajo, de los nazistas. Pero había algo en que coincidían: en la oposición al gobierno de Arturo Alessandri Palma (1932-38), al que acusaban de haber traicionado al pueblo.
Al iniciarse 1938, la oposición se presentaba dividida. Radicales, comunistas, socialistas y democráticos constituyeron el Frente Popular, que proclamó la candidatura del abogado y profesor radical Pedro Aguirre Cerda. Otros pequeños partidos (Radical Socialista, Organización Ibañista, Unión Socialista de Ricardo Latcham, etc.) formaron la Alianza Popular Libertadora que, junto con el MNS (que ya tenía tres diputados), proclamó a Carlos Ibáñez del Campo. Los partidos de derecha (Liberal, Conservador, y una fracción Democrática) apoyaban al empresario Gustavo Ross Santa María. A tres bandas, era seguro que ganaría este último, a quien favorecían el gobierno y el poder financiero de la derecha.
No faltaron los que pensaron que era imprescindible la unión de las fuerzas de Izquierda, entre ellos Jorge González von Marées. En caso que no se produjera, sólo un golpe de Estado que asegurara la realización de elecciones libres y limpias garantizaría la derrota de Ross y la oligarquía. Comenzó, con este objeto, a entrenar en el mayor secreto a un grupo de jóvenes nazistas, rigurosamente seleccionados, y a tratar de tomar contacto con jefes militares, casi todos ibañistas, por intermedio de Caupolicán Clavel Dinator, coronel en retiro que serviría de enlace.
El domingo 4 de septiembre de 1938, bajo un brillante sol, se realizó en Santiago la Marcha de la Victoria en apoyo al general Ibáñez, con participación de más de cien mil personas, entre ellas treinta mil nazistas. Los principales jefes ibañistas (Tobías Barros, Humberto Martones, Virgilio Morales, Juan B. Rossetti y otros) fueron a un local céntrico a celebrar por anticipado el triunfo. No asistió González von Marées. No estaba convencido de triunfar y, por el contrario, había ordenado apurar las acciones golpistas, fijando para el día siguiente la revuelta. Según el plan había que apoderarse de dos edificios céntricos, tomarse una radioemisora y dejar Santiago sin electricidad. Caupolicán Clavel daría el santo y seña a los jefes militares comprometidos, que tomarían el control de la situación.
A mediodía del lunes 5 de septiembre el plan empezó a realizarse de acuerdo a lo programado. Un grupo de treinta y dos jóvenes dirigido por Gerardo Gallmeyer Klotze entró al edificio de la Caja del Seguro Obrero (que hoy ocupa el Ministerio de Justicia. N. de PF.), y se distribuyó por escaleras y pasillos. A las doce diez algunos nazistas comenzaron a cerrar las puertas del edificio pero el mayordomo trató de impedirlo. La dueña de un puesto de diarios avisó al cabo de Carabineros José Luis Salazar Aedo que salía de la Intendencia. Creyendo que eran ladrones se acercó, revólver en mano y dispuesto a disparar. Pero antes lo hizo un nazista, hiriéndolo mortalmente. Los amotinados fueron ocupando los pisos superiores, construyeron barricadas en las escaleras del séptimo piso y apresaron a medio centenar de funcionarios.
Otro grupo de treinta y dos jóvenes, encabezado por Francisco Maldonado Chávez, había ingresado a la casa central de la Universidad de Chile por la puerta donde hoy está la Librería Universitaria, ocupándola sin resistencia. A los académicos y funcionarios se les permitió retirarse, salvo al rector Juvenal Hernández Jaque que quedó como rehén.
En la casa de Enrique Zorrilla Concha, donde se había instalado el cuartel general de la operación, González von Marées, Oscar Jiménez y otros mantenían contacto radial con los amotinados del Seguro Obrero, los que habían instalado un aparato de radio operado por Julio César Villasiz Zura, que informó a Oscar Jiménez que el Seguro y la universidad estaban tomados.
Los otros grupos no tuvieron igual éxito. Los hermanos Jorge y Alberto Jiménez se tomaron la radio Hucke, después de las doce y media, pero el operador logró cortar la comunicación. Orlando Latorre González y un pequeño grupo sólo consiguieron desconectar una de las torres de alta tensión escogidas, con lo que se produjo una interrupción momentánea de la energía eléctrica en Santiago.
A las 12:25, el presidente Alessandri se dirigió de La Moneda a la Intendencia, donde increpó al intendente Julio Bustamante Lopehandía por creer que se trataba de un asalto gangsteril, volviendo luego a su despacho en La Moneda desde donde convocaría a las autoridades encargadas del orden público. Carabineros, entre tanto, había rodeado el Seguro Obrero, tomado posiciones en techos y terrazas vecinas y emplazado ametralladoras.
Los amotinados, que tenían orden de resistir sin disparar, esperaban la aparición de las tropas del ejército que los ayudarían. Ignoraban que el “enlace” Caupolicán Clavel había “desaparecido” la noche anterior y nadie se había comunicado con los jefes militares de Santiago, por lo que ningún regimiento los auxiliaría.
Pocos minutos antes de las 13 horas se abrió el fuego contra el sexto piso del Seguro Obrero desde el edificio de La Nación. El presidente Alessandri, acompañado de su hijo Fernando, dirigía personalmente las operaciones.
Quince carabineros lograron romper la cadena en la puerta del edificio, y al mando del comandante Ricardo González Cifuentes entraron hasta el tercer piso. A las 13:30 o poco antes, llegaron efectivos del regimiento Tacna frente a la Universidad y, para sorpresa de los nazistas, dispararon dos cañonazos con una pieza de artillería, derribando la puerta. Seis muertos fue el resultado de esta acción, en que no hubo, de acuerdo a las instrucciones, mayor resistencia.
A las 13:30 el general director de Carabineros Humberto Arriagada Valdivieso, quien cuatro años antes había dirigido la matanza de Ranquil y que “estaba saliendo de una mona, porque había estado en una farra el día anterior” (Tito Mundt, Las banderas olvidadas, Ed. Orbe, Santiago, 1964) recibió terminantes órdenes de rendir a los amotinados antes de las cuatro de la tarde.
Arriagada, desde la puerta de Morandé 80 recibía las órdenes de Alessandri y las hacía llegar al coronel Juan B. Pezoa Arredondo, quien tenía el mando de la acción. Arriagada observó un cable que iba hacía la terraza del Seguro y ordenó al sargento Lavanderos, campeón de tiro con fusil y carabina, que lo cortara. Así, de un certero disparo, Lavanderos interrumpió las comunicaciones radiales de los rebeldes.
En cuanto a los rendidos en la universidad, se les llevó, con los brazos en alto, por calle Morandé en dirección al cuartel de Investigaciones. En el camino los carabineros incorporaron al mecánico José Miguel Cabrera Barros, por haberse acercado a los amotinados. Al pasar por La Moneda, Arriagada exclamó: “¡A estos carajos hay que matarlos a todos!”. Tras cruzar Agustinas, por órdenes de Alessandri se les hizo volver y entrar al edificio del Seguro. Más o menos a las 14:40 horas fueron llevados a culatazos hasta el sexto piso, quedando en una sala a cargo del teniente Ricardo Angellini Morales.
Más o menos a esa misma hora el general Ibáñez, aconsejado por sus amigos, se entregó al único cuartel que mandaba un jefe que no le era afecto: la Escuela de Aplicación de Artillería de San Bernardo al mando del coronel Guillermo Barrios Tirado, desde donde fue conducido a la Prefectura de Investigaciones.
Cerca de las quince horas Gerardo Gallmeyer recibe un disparo en la frente (fue el único muerto en acción en el Seguro), al asomarse desde una ventana. En su reemplazo toma el mando Ricardo White Alvarez. Por calle Teatinos aparecen los regimientos Tacna y Buin. Los nazistas al verlos gritan alborozados. Pero al ver que abren fuego contra el Seguro, White grita: “¡Hemos sido traicionados! Estamos perdidos... ¡Chilenos a la acción! ¡Moriremos por nuestra causa! ¡Viva Chile!”.
El comandante González Cifuentes, diez o quince minutos después de llegar los detenidos de la universidad al sexto piso del Seguro, envía a uno de ellos, Humberto Yuric, a pedir la rendición de sus compañeros. Al no lograr convencer a White, opta por quedarse con sus camaradas. Se envía entonces un nuevo emisario, Guillermo Cuello González, para advertir que si no se entregan, los rendidos en la universidad serán fusilados. White se resigna. Diez minutos después baja Cuello y da cuenta de su misión, tras lo cual se le da muerte de dos tiros en la cabeza.
Minutos antes de las 16 horas, y una vez que los rebeldes del Seguro se desprendieron de sus armas (algunas pistolas y revólveres viejos), y despejaron la escalera, los hacen bajar al quinto piso, junto a los funcionarios del Seguro. El mayordomo va identificando a estos últimos, que fueron entregados a Angellini. Los nazistas, en tanto, con las manos en alto son colocados vueltos hacia la pared en la escalera. Los oficiales Pezoa y González mandaron entonces al teniente Angellini a consultar sobre qué hacer. El general Arriagada, por intermedio del teniente coronel Reynaldo Espinosa Castro, contestó textualmente: “¿Que no entienden lo que se les dice? ¡Que los suban arriba a todos y que no baje ninguno!”. Pezoa, a los pocos minutos, recaba una orden escrita, la que le fue enviada (“De orden de mi general y del gobierno, hay que liquidarlos a todos”). Una orden manuscrita del prefecto jefe, coronel Jorge Díaz Valderrama, ratificó la anterior. Pezoa, entonces, ordena el cumplimiento a González, el cual se niega alegando que la orden es contraria a los principios de la institución. Se dirige a la Intendencia, intercede ante sus superiores para no cumplir la orden, recibiendo por respuesta: “¡Es orden del gobierno!”. Finalmente, implora clemencia al general Arriagada, quien responde: “¿Cómo se le ocurre pedir perdón para esos que han muerto a carabineros?”. Pero ante los argumentos, se compromete a hablar con el presidente. La gestión del director general no prosperó.
A las 17:30 horas el carabinero que estaba colocado al final del descanso de la escalera, de acuerdo a las órdenes recibidas, hinca la rodilla y aprieta el gatillo de su fusil ametralladora. Durante los cinco minutos siguientes todas las armas policiales disparan sobre los rendidos. Fue un asesinato masivo, cruel y cobarde.
Con gritos de terror, unos, y gritando sus consignas partidarias, otros (ha perdurado la frase que Pedro Molleda Ortega dirigió a sus compañeros: “¡No importa, camaradas, porque nuestra sangre salvará a Chile!”), todos murieron, siendo después repasados con disparos y/o golpes de sable y yatagán. Después vino el despojo, el botín, el premio a la infamia.
El teniente Antonio Llorens Barrera se negó terminantemente a acatar la orden, por lo que fue detenido y llevado al cuartel de Investigaciones.
Ahora le tocaría el turno a los rendidos en la universidad, que se hallaban en el quinto piso. Se les llevó al cuarto, debiendo pasar por sobre los cadáveres de sus camaradas. José Cabello, alto funcionario del Seguro se identifica como tal, pero el coronel Eduardo Gordon Benavides, dándole un cachazo en la cabeza, le gritó: “¡Tú eres de los mismos, baja si puedes!”. Cuando comenzaba a hacerlo, un civil que acompañaba a la tropa, Francisco Droguett Raud, lo mató de un balazo. Carlos Ossa Monckeberg, otro empleado, fue ultimado no obstante sus reiteradas súplicas. Luego un capitán grita a los carabineros: “¡Ya niños, a cumplir con su deber!”, a lo que siguió la masacre.
Pero faltaba otro capítulo: la impunidad. Comenzó esa misma noche, al arrastrar los cuerpos hacia las escaleras para aparentar que habían muerto en combate.
A las 21 horas el diputado Raúl Marín Balmaceda, el doctor Ricardo Donoso Castro, el periodista Darío Zañartu Cabero, el capellán Gilberto Lizana y Alberto Canales, piden al mayor Luis Portales Mourgues permiso para entrar. Termina por acceder, bajo su responsabilidad, no obstante existir orden superior de prohibir la entrada a los civiles. Al recorrer el edificio, encuentran entre los cadáveres a tres nazistas vivos (Carlos Pizarro Contreras, Facundo Vargas Lisboa y Daniel Hernández Acosta). El diputado Marín se dirige a La Moneda, en tanto Zañartu y el doctor Donoso quedan junto a los sobrevivientes.
Marín regresó diciendo que Alessandri ordenaba que los tres fuesen protegidos. Los oficiales le creyeron. Pero la verdad es que no había hablado con el presidente. Una hora después se encontraría otro sobreviviente, Alberto Montes Montes, uno de los rendidos en la universidad.
Al día siguiente, Jorge González von Marées y Oscar Jiménez se entregaron a las autoridades.
El gobierno puso en marcha lo que el historiador Ricardo Donoso llamó “el escamoteo de la verdad”. Pidió al Congreso facultades extraordinarias y clausuró los diarios opositores La Opinión, del periodista Juan Luis Mery Frías y del diputado Juan Bautista Rossetti, y Trabajo, de los nazistas, y las revistas Hoy, de Ismael Edwards Matte, y Topaze, de Jorge Délano (Coke). Quedaron circulando los diarios de derecha y el radical La Hora, dirigido por Aníbal Jara, que inició una campaña destinada a divulgar lo acontecido publicando fotos, comentarios y revelaciones que estremecieron a la ciudadanía.
La Cámara de Diputados nombró una comisión investigadora, ante la cual concurrieron actores y testigos de la masacre, volviendo a conmoverse la opinión pública con las declaraciones y revelaciones que hicieron los tenientes Angellini y Draves. El coronel Aníbal Alvear no dudó en señalar a los verdaderos autores. Preguntado sobre quién dio la orden de matar, contestó: “El asunto es bien sencillo, ¿quién da una orden de matanza, cuando el gobierno, un general presente y el presidente de la República están a pocos metros de distancia de donde ocurre la masacre?”. La conciencia pública se conmovió aún más cuando se supo que el personal que había participado en la matanza, además de ascensos, había sido gratificado.
La Corte Suprema designó un ministro en visita, Arcadio Erbetta, de la Corte de Apelaciones de Santiago. Fuertemente presionado prohibe, a pocos días, la publicación de informes periodísticos sobre el proceso. El 23 de octubre -dos días antes de la elección presidencial- dictó sentencia. Daba por comprobados los delitos de rebelión y conspiración contra el gobierno y el asesinato del carabinero Salazar. Condenaba a veinte años de reclusión mayor a Jorge González von Marées, a quince años a Oscar Jiménez y a penas menores a otros procesados. Absolvió a Carlos Ibáñez.
La tragedia del 5 de septiembre decidió el resultado de la jornada electoral a favor del candidato del Frente Popular. Ibáñez retiró su candidatura y el diario La Opinión pidió el apoyo ibañista para Pedro Aguirre Cerda. Desde la cárcel, Jorge González lanzaba igual consigna.
Gracias a este apoyo el candidato de la Izquierda triunfó por 4.111 votos. Fracasarían las tentativas para revertir el resultado. En la medianoche del 25 la radio El Mercurio reconoció el triunfo de la oposición y pocos minutos más tarde Aguirre Cerda pronunció un discurso como candidato victorioso. El 11 de noviembre, el director general de Carabineros, Arriagada, y el comandante en jefe del ejército, general Oscar Novoa Fuentes, reconocieron el triunfo del candidato radical.
El 25 de diciembre asume el mando Pedro Aguirre Cerda e indulta a González von Marées y demás condenados. El general Arriagada fue llamado a retiro. La coalición triunfante presenta el 17 de marzo de 1939 una acusación constitucional contra Arturo Alessandri. En tanto, la comisión investigadora de la Cámara de Diputados concluyó que existió una orden superior, que fue impartida por Arriagada o por el presidente de la República. La mayoría derechista de la Cámara rechazó el informe.
En los primeros días de abril el fiscal militar Ernesto Banderas Cañas comenzó un sumario contra Arriagada y otros inculpados, expidiendo su dictamen a fines de junio, en que pedía pena de muerte para el civil Francisco Droguett, presidio perpetuo para Arriagada y quince años para los demás oficiales implicados. El 28 de septiembre de 1939 la Corte de Apelaciones sobreseyó definitivamente a Carlos Ibáñez y a los nazistas procesados y dejó sin efecto la sentencia del ministro Erbetta. El juzgado militar, por sentencia de 29 de abril de 1940, absolvió a algunos oficiales, condenó a Arriagada, González Cifuentes y Pezoa a 20 años de presidio mayor, y a Droguett a presidio perpetuo.
“La derecha oligárquica y elementos moderados del nuevo gobierno trataron de dejar en el olvido la trágica masacre. Diversas presiones y compromisos políticos determinaron que el 10 de julio de 1940, el Ministerio de Justicia dictara un decreto de indulto para los condenados, dejando así en la impunidad uno de los crímenes más alevosos de nuestra historia política. (Alberto Galleguillos Jaque, Memorias de un profesor exonerado, Centro Gráfico Ltda., Santiago, 1989).
No se había esclarecido toda la verdad, pues quedaban en la nebulosa diversos hechos que afectaban la responsabilidad del presidente Alessandri; ni se había hecho justicia, al consagrarse, prácticamente, la impunidad. Tampoco, se cumpliría el ferviente deseo de que nunca más se repitieran delitos tan atroces contra los que realmente aman a su patria.